La paralización de los micros de larga distancia por cinco días tiene como trasfondo la política de transporte del Gobierno Nacional. Más específicamente, lo que revela este conflicto que incluye a trabajadores y empresarios es el manejo discrecional de los subsidios para el sector.
En enero de 2012, como parte de lo que en ese momento se anunciaba como una reestructuración del sistema de subsidio, la Casa Rosada anunció una eliminación de los subsidios al gasoil para las empresas de micros de larga distancia. Además, el Gobierno les quitó el beneficio de no pagar peajes en las rutas nacionales.
La primera quita -que no afectó a ninguna otra rama del transporte- significó un ahorro para el Estado de unos 37 millones de pesos mensuales, según comentaron a LPO desde el sector empresarial. En total, unos 444 millones de pesos anuales que 180 empresas debieron afrontar junto a otros 10 millones de pesos de los peajes.
Esos 454 millones de pesos anuales parecen una cifra ínfima si se los compara con los desembolsos que hace el Gobierno para Aerolíneas Argentinas. La empresa manejada por el camporista Mariano Recalde recibe a diario unos 3 millones de dólares. Si se considera el tipo de cambio oficial son unos 5.500 millones de pesos anuales. Si se considera el precio del dólar paralelo, la cifra casi se duplica.
Fuentes empresarias le dijeron a LPO que esto es parte de una estrategia oficial para proteger a la conducción de Aerolíneas, cuestionada por un fenomenal déficit operativo que ya supera los 3.500 millones de dólares desde que fue estatizada, en julio de 2008.
El Gobierno busca así favorecer la opción aérea para viajar a los principales destinos del país, en los que la competencia con los micros se ha tornado casi desleal. Según los empresarios, sólo en 15 o 20 destinos tienen la rentabilidad asegurada, pero actualmente Aerolíneas puede ofrecer precios más bajos, por lo que la cantidad de pasajeros no deja de descender.
La queja empresarial se basa en que los micros deben cubrir por obligación otros cientos de destinos del interior del país que le resultan deficitarios. “Aerolíneas nos está matando”, resumieron.
En ese sentido, también hay reproches para el Gobierno por una polémica campaña publicitaria que lanzó hace algunos meses, destinada a perjudicar el transporte terrestre. Con el lema “Llegá volando. Viajá mejor”, Aerolíneas compara los precios y tiempos de viaje en avión con los del micro. La zona de la terminal de Retiro fue estratégicamente empapelada con estos afiches, lo que generó una airada queja de empresarios y la UTA.
Para hacer frente al aumento del 23% decretado por el Gobierno, las empresas necesitan unos 70 millones de pesos mensuales, 840 anuales. La Cámara que los agrupa anunció que la única forma de obtenerlos es un aumento generalizado de las tarifas, es decir que el costo se traslade directamente al bolsillo de los pasajeros.
Tanto el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, como el de Trabajo, Carlos Tomada, advirtieron que no habrá nuevos subsidios para las empresas. “El único objetivo de la medida de fuerza es extorsionarnos para volver a un sistema de subsidios que hemos superado. No vamos a permitirlo”, afirmó el primero.
La dirigencia de la UTA propuso como una posible salida al conflicto que el Gobierno se haga cargo de los pasajes para discapacitados, que las empresas deben otorgar obligatoriamente. Según supo LPO, anualmente se otorgan más de 5 millones de pasajes de larga distancia, que significan un costo superior a los 600 millones de pesos por año. Esa obligación no afecta a Aerolíneas Argentinas.
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El Gobierno le sacó 450 millones a los micros y gasta 5.500 millones en Aerolíneas
