El 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, una fecha que busca poner en agenda el derecho de las personas a buscar y recibir información. La jornada fue reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019, después de que la UNESCO hubiera establecido la fecha en 2015.
El acceso a la información pública permite conocer documentos, datos y decisiones producidos, obtenidos o financiados con recursos públicos. Para la UNESCO, se trata de un derecho vinculado con la posibilidad de construir sociedades abiertas e inclusivas y con la participación ciudadana en los asuntos públicos.
La conmemoración de este año se realiza además cuando la UNESCO plantea como parte de sus actividades regionales los desafíos que enfrenta el derecho de acceso a la información en América Latina y el Caribe, junto con cuestiones vinculadas con la integridad de la información y la alfabetización mediática.
En Argentina, el derecho está regulado por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. La norma establece que cualquier persona puede solicitar información que se encuentre en poder de los sujetos obligados, sin necesidad de acreditar un interés legítimo ni explicar para qué utilizará los datos.
La información puede estar contenida en documentos de distintos formatos y abarcar datos que los organismos públicos hayan generado, obtenido, transformado, controlado o custodiado. Existen, de todos modos, excepciones previstas por la legislación.
El pedido puede realizarse a través de Trámites a Distancia, por correo electrónico ante el responsable de acceso a la información del organismo correspondiente o de manera presencial. El procedimiento es gratuito.
Los organismos cuentan con 15 días hábiles para responder. Ese plazo puede extenderse por otros 15 días hábiles cuando existan razones que justifiquen la prórroga, que debe ser comunicada al solicitante.
Cuando una persona considera que la respuesta no fue entregada, está incompleta o contiene información errónea, puede presentar un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, que funciona como órgano garante del derecho.
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