El Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Junín, a cargo del juez Esteban Melilli, impuso tres años de prisión en suspenso, inhabilitación para ejercer cargos públicos, y el cumplimiento de reglas de conducta durante tres años para Juan Carlos Gómez (ex secretario de Servicios Públicos), Gabriel Horacio Vespasiano (ex subsecretario) y Pablo Adrián Alegre (ex jefe de Corralón), en el marco de una causa por defraudación y asociación ilícita.
La misma pena recayó en el proveedor municipal Bernardo Oscar Burghetti, quien además suma un hecho por lesiones graves calificadas por el vínculo contra su ex pareja.
Asimismo, los condenados deberán depositar $ 1 millón cada uno en cuenta judicial, fijar residencia y someterse al Patronato de Liberados, y abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de la ingesta de alcohol.
Los ex funcionarios municipales fueron condenados mediante el mecanismo de procedimiento abreviado, previsto en el artículo 395 del Código Procesal Penal bonaerense. Según consignó el magistrado en la resolución, las partes acordaron encuadrar el caso bajo esta modalidad, lo que implicó el reconocimiento de culpabilidad por parte de los imputados respecto de los hechos atribuidos.
La investigación detectó que el esquema delictivo incluía la presencia de “proveedores recurrentes”. Uno era Burghetti y el otro Marcos Batista. La Justicia también trabajó sobre la intervención de una contadora que confeccionaba presupuestos y facturaciones.
La causa se inició en 2023, a partir de una denuncia presentada por el entonces intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, por presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas.
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