El artículo en cuestión eliminó la meta de financiamiento del 6 % del PBI, fijada por la Ley de Educación Nacional; derogó los artículos de la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que fijaban los parámetros de financiamiento para el sector; y suspendió el artículo número 52 de la Ley de Educación Técnico-Profesional, que establecía que los fondos para las escuelas técnicas tenían que garantizar un mínimo del 0,2 % del presupuesto destinado al sector público nacional.
En otras palabras, el Gobierno derogó el piso de financiamiento y la ecuanimidad en la distribución del mismo de la Educación Técnica.
Desde el colectivo que presentó el amparo sostuvieron que la medida “es inconstitucional” porque “viola principios básicos del orden constitucional argentino y desconoce derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”.
En primer lugar, señalaron que “el Presupuesto no puede derogar derechos ni leyes estructurales”. Además, consideraron que la ley de leyes “tiene por objeto autorizar gastos e ingresos para un ejercicio, no desmantelar políticas públicas estructurales ni eliminar garantías legales que expresan mandatos constitucionales”.
“Usar una ley de presupuesto para derogar normas sustantivas constituye un desvío del poder legislativo y una violación al principio republicano”, sentenciaron. Y agregaron: “Eliminar el financiamiento de la educación técnica y científica no guarda proporción con ningún fin constitucionalmente válido”.
Pero el ajuste sobre la educación técnica no es nuevo. En la gestión de Javier Milei, el recorte alcanza el 93% en el presupuesto 2026 respecto de valores equivalentes de 2023. Para este año, la administración libertaria dispone solo 11 mil millones de pesos para la educación técnica y no 322 mil millones, como establece el 0,2% que propone la ley de ETP.
“Cabe destacar también que hoy la Argentina maneja un promedio de titularizaciones del 17 % cuando la media de cualquier país industrializado está cerca del 30 %”, señalaron desde las escuelas técnicas.
“Está claro que a Javier Milei y su gabinete no les interesa tener un país con producción nacional, y por esto mismo tampoco tienen interés en tener un país con técnicos profesionales”, completaron.
Fuente: https://www.diagonales.com/
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