Pocos días después de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, la secretaria privada de Edgardo Kueider, Iara Magdalena Guinsel Costa, intentó comprar cinco departamentos en Asunción de Paraguay que, todos juntos, sumaban un valor de casi 700 mil dólares. El monto es tres veces superior al que le encontraron en su mochila durante un control aduanero en Ciudad del Este, el 4 de diciembre, y cuyo origen Kueider no pudo explicar, razón por la sigue preso en Paraguay.
La revelación surgió del testimonio del empresario Carlos Guasti, CEO de Petra Urbana, una de las firmas Real Estate más importantes de aquel país. Guasti relató, en diálogo con Mañana Sylvestre, que Guinsel Costa se presentó “a última hora” de ese día en las oficinas de la empresa y quiso hacer la operación “en efectivo y a las apuradas”, lo que le resultó “sospechoso”. La operación se cayó porque la secretaria nunca aportó los papeles respaldatorios que pide la ley paraguaya para ese tipo de transacciones, de lo que se desprende que tampoco habría podido justificar de dónde salió ese dinero. En ese marco, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado envió este martes un exhorto al Paraguay para que se concrete la extradición del senador destituído y de su empleada.
Según el testimonio del empresario, el intento de Guinsel Costa de comprar en cash cinco departamentos fue «algo muy inusual». En todo momento, los empleados de la firma notaron cierto «apuro» de la secretaria para concretar la operación, a pesar de no aportar los papeles que se le pedían. «No le interesó la rentabilidad ni averiguar detalles típicos, como cada vez que se hace una compra. Eso nos pareció sospechoso», relató más tarde a C5N. «Quería comprar sí o sí, pero igualmente, cuando le pedíamos la documentación, nos respondía: «Sí, sí, mañana te los mando». Pero nunca lo hacía», agregó.
Otros detalles aportados por Guasti ayudan a completar el panorama. Según dijo, la única documentación respaldatoria que Kueider y su secretaria aportaron fue su DNI. También quisieron pasar por válido un recibo de sueldo, pero con eso no alcanzó para habilitar el procedimiento. Más tarde, la empresa pidió un informe a la aseguradora de riesgos internacional Dow Jones. Según esos papeles, con fecha del 9 de diciembre, a los que accedió Página/12, el senador recientemente expulsado aparece –por obvias razones– como «persona política expuesta» dado su carácter de funcionario público, pero también es señalado como «Trafficking», es decir como «traficante» –en este caso de divisas–. La operación, como explicó el empresario, «no se pudo concretar porque violaba los requisitos de la ley de nuestro país».
El monto total que la secretaria privada tenía previsto pagar trapaba hasta los 699.000 dólares. Esa suma se repartía entre cuatro departamentos de tres ambientes en construcción, valuados en 139 mil dólares cada uno. También sumó un quinto, ya a estrenar, de un valor un poco menor. Todos en Asunción, la ciudad elegida por el tándem para hacer sus negocios.
Orden de extradición
Horas después del testimonio del empresario paraguayo, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado envió un exhorto solicitando la extradición de los dos detenidos en Paraguay. Fue en el marco de la causa por presunto delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La magistrada quiere apurar el regreso al país de ambos. Los tiempos corren: si logra concretarlo, podría aprovechar el desafuero de Kueider tras su expulsión para tomarle declaración indagatoria.
El juzgado pidió también el secuestro de todas las posesiones de Kueider al momento de ser detenido en Paraguay: computadoras, teléfonos celulares y demás equipos electrónicos. Tal como reveló Página/12, Kueider, pese a estar preso, sigue teniendo un celular a su disposición, y la justicia de aquél país, por ahora, no avanzó en el análisis del pendrive que le encontraron.
En la causa que lleva Arroyo Salgado se investiga si el senador destituido es propietario de tres departamentos en una torre en la ciudad entrerriana de Concordia, que están a nombre de una sociedad denominada «Betuil» y que tampoco podría justificar con sus ingresos en la función pública.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/
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