Lo exigió la Cámara Nacional Electoral. Emitió el martes una sentencia en la que fijó límites a la campaña anticipada. Consideró que los fondos tienen «alto grado de opacidad».
La Cámara Nacional Electoral emitió el martes una sentencia en la que fijó límites a la campaña anticipada y ordenó a los candidatos presidenciales explicar, de manera extraordinaria, los gastos en proselitismo y, además, ordenó fijar una faja de clausura sobre los carteles de los presidenciables que hagan campaña deliberadamente.
Se trata de medidas inéditas ante el proselitismo masivo realizado por los postulantes durante 2014, un año antes de lo que fijado por ley.
El tribunal advirtió en la sentencia sobre el «alto grado de opacidad respecto de la identidad de las fuentes de financiamiento, en la medida en que no se declare, para conocimiento público, quiénes aportan los recursos económicos –en dinero o en especie– con los que se financia la promoción de dichos postulantes ni qué cantidades se destinan a ese objeto», según publicó el diario La Nación.
Así las cosas, los candidatos deberán presentar una lista con el detalle del dinero invertido en propaganda política «tendiente a captar el voto» y justificar el origen de esos fondos.
La Justicia interpreta que los postulantes que hayan gastado dinero de su patrimonio personal para la campaña deberán declararlo en esta nueva instancia.
Aunque se trata de una declaración voluntaria –la Cámara no puede establecer sanciones–, el tribunal pone en jaque a los partidos políticos que pueden aducir que los gastos de propaganda fueron hechos por sus candidatos para desligarse de responsabilidades, situación que podría dejarán en evidencia a sus propios postulantes si ellos no realizan la declaración extraordinaria.
«Puede parece un poco inocente una sentencia sin sanción alguna, pero si los presidenciales no declaran los gastos voluntariamente, cada cartel que fiscalicemos como campaña anticipada será atribuido a los partidos políticos», advirtieron desde la Cámara.
El trámite, que ya se puede hacer desde el sitio web del organismo, consta de dos formularios. Por un lado, el candidato deberá declarar todos sus gastos en propaganda, lo que incluye la contratación de agencia de publicidad y consultoras para la realización de encuestas. Por el otro, están los gastos operativos que engloban toda la inversión destinada a promocionar la figura del candidato.
La sentencia está motivada porque la ley prevé la realización de proselitismo 30 días antes de las elecciones. Toda aquella difusión de la imagen de un candidato tendiente a captar el voto del electorado antes de ese período está fuera de la ley.
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