Las universidades dejaron claro su mensaje en el acto central de la Quinta Marcha Federal Universitaria: las casas de altos estudios «están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”. El documento firmado en defensa de «la educación, la soberanía y la democracia» por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otros, sostuvo que “sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social.»
En el texto remarcaron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la exigencia de su cumplimiento, al mismo tiempo en que destacaron que tanto el Poder Judicial como el Congreso avalaron su vigencia mediante medidas cautelares y leyes que, a su vez, obligan al Ejecutivo a aplicarlo de manera inmediata.
Asimismo, criticaron al Gobierno Nacional por el decreto DNU 70/23, al que rechazaron abiertamente, y cuestionaron la negativa oficial a cumplir las leyes y fallos judiciales.
También advirtieron acerca del «riesgo institucional» por el que atraviesan las Universidades y la intención marcada, por parte del presidente Javier Milei, de gobernar por «Decretos de Urgencia«: «Convergemos con el gran reclamo ciudadano que ha adquirido un carácter de urgencia y que es la derogación del DNU«, agregaron.
Por otra parte, reivindicaron «los pilares históricos del modelo universitario argentino» como la gratuidad, la autonomía, el co-gobierno, el ingreso irrestricto, la territorialidad inclusiva y el rol que tienen dentro de nuestra Nación, como espacio de movilidad social ascendente y justicia social.
En otro orden, denunciaron que el proyecto del Presupuesto 2027, presentado por el Ejecutivo Nacional, es el más bajo de la historia, con menos del 1% del PBI, y no contempla las partidas de la Ley de Financiamiento Universitario; contrariamente, apoyaron la propuesta del CIN, que plantea un incremento del 33,4% respecto al proyecto oficial.
Asimismo, mostraron preocupación sobre el desfinanciamiento del sector científico, el éxodo de investigadores, la caída en la adjudicación de becas estudiantiles y el freno en los proyectos que ponen en riesgo la soberanía del conocimiento.
En la misma línea, denunciaron el congelamiento de las Becas Progresar, que quedaron paralizadas en $35.000 desde el año 2024; la desinversión en las Becas Manuel Belgrano; y el estancamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN), al que calificaron como una política de «deserción forzada«.
Cerca del final, denunciaron un «ataque» al salario docente y nodocente y repudiaron la «asfixia» salarial y la negativa del Gobierno a convocar a paritarias libres, además de señalar «la pérdida constante» de poder adquisitivo, la precarización de las condiciones de trabajo y el «desconocimiento» de temas clave como la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el nomenclador preuniversitario y las garantías jubilatorias.
«Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución. Los países que se soñaron grandes, capaces de asegurar una vida y un ambiente saludables para sus pueblos son aquellos que hicieron la apuesta sostenida de tener un sistema de educación de calidad, ciencia y tecnología nacional con capacidades de resolución de sus problemas, y un dispositivo que movilice el talento y la creatividad social en todos sus niveles», concluyeron.
Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/
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