La sesión del Congreso de Perú de este martes fue suspendida luego de que un grupo de parlamentarios gritaran «¡Asesinos!» al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y otros altos funcionarios del Gabinete Ministerial del Gobierno de Dina Boluarte, que acudieron al legislativo para solicitar el voto de confianza.
Momentos después del incidente, Otárola regresó al parlamento y la directiva del Congreso retomó la sesión para que el jefe de Ministros expusiera ante el legislativo y luego se discuta sobre el voto de confianza.
Otárola se presentó en compañía de otros miembros del Ejecutivo, pero al llegar al hemiciclo fue recibido por un grupo de parlamentarios que alzaron pancartas y le gritaron durante varios minutos.
La reacción de los parlamentarios fue en respuesta a la sangrienta jornada registrada el lunes en Juliaca, departamento de Puno, al sureste del país, donde murieron 17 personas en medio de la ola de protestas que exige el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones, la renuncia de Boluarte y la liberación del vacado expresidente Pedro Castillo.
La acción provocó que el presidente del Congreso, José Williams Zapata, decidiera suspender la sesión del legislativo, lo que obligó a Otárola y demás ministros a salir del hemiciclo sin poder presentar al parlamento las medidas que pretenden ejecutar para conseguir el voto de confianza de los congresistas, como lo exige la constitución peruana.
Previo a la entrada de Otárola al hemiciclo, los gritos contra su Gabinete también se escucharon en los pasillos del Congreso, y dentro del salón de sesiones. Varios parlamentarios, a voz en cuello, tacharon de «derecha asesina» a la bancada que apoya al gobierno de Boluarte.
La crisis política en Perú, agravada tras la destitución de Castillo, se ha recrudecido en los últimos días con la fuerte represión de la fuerza pública contra los manifestantes, que deja un total de 45 fallecidos desde que iniciaron las protestas, el pasado 7 de diciembre.
Previo a la sesión parlamentaria se realizó un fuerte despliegue de seguridad en las inmediaciones del Congreso, que fue cercado por la policía y la fuerza armada, para evitar que los manifestantes se acerquen al Parlamento, como sucedió en ocasiones anteriores.
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