Un informe de la empresa Barrick Gold admitió que se detectó altos niveles de concentración de cianuro y mercurio en Potrerillos y Las Taguas, afluentes del río Jáchal, en San Juan tras el derrame en septiembre.
La minera canadiense tiene 10 días para volver a trabajar en condiciones óptimas de seguridad, debido a que el exceso de agua cianurada con el que opera desde el 17 de agosto habría provocado el derrame en la mina Veladero de más de un millón de litros de esa solución.
Así lo determinó el fallo del juez Pablo Ortijta, al hacer lugar a dos recursos de amparo impulsados por un vecino y el municipio.
El abogado de los denunciantes, Marcelo Arancibia dijo a Cadena 3: «Las causas del derrame de solución cianurada no habría sido sólo la rotura de la válvula sino también una decisión de la empresa, a partir del 17 de agosto, de acelerar la explotación de la mina, incrementando la cota, por encima de lo que estaba autorizado en la declaración del impacto ambiental».
El letrado aseguró que el juez deberá determinar si efectivamente hubo una decisión empresaria de acelerar la explotación del emprendimiento «para acortar su vida útil estimando la cantidad de agua cianurada, lo cual potenció la rotura de la válvula y con ello generó la contaminación».
«Esto va a tener repercusión directa en la causa penal. Y el juez -que todavía no resuelve la situación procesal de nueve empleados de la empresa- deberá determinar si fue un hecho culposo o doloso, ya sea directo o eventual», remarcó.
Al tiempo que apuntó al Gobierno Provincial, por una responsabilidad compartida: «El juez también deberá establecer la responsabilidad del Estado. El Gobierno de José Luis Gioja no solamente niega lo evidente, si no que también desfinanció y desmanteló a la Policía Minera».
En este sentido, Arancibia denunció al Estado por utilizar dinero destinado a la Policía Minera del Territorio de Explotación y Exploración Minero, para financiar un partido entre Argentina y Bolivia, previo a la Copa América en Chile.
«Hay que ver si no hay una responsabilidad del Estado de no haber cumplido con su obligación de contralor», remarcó.
Respecto a la situación de los habitantes de Jáchal dijo: «La gente en está muy preocupada porque esto desperfila su producción, tradicionalmente vinculada a lo agropecuario. Esto puede tener un efecto directo en cuanto a la confiabilidad».
Además, reconoció que el derrame de la Barrick cambió la cotidianeidad respecto al consumo del agua. «Hay un cambio cultural que sensibilizó a la población», dijo.
«En Jáchal se hizo una obra hídrica para traer agua de pozos que no están vinculados al sistema de la cuenca del río Jáchal , sin embargo hay sectores de algunos pequeños poblados que no están en ese acueducto y que siguen dependiendo del agua que se filtra del la cuenca de este río. Ellos dependen del agua que les provee el Estado y de la solidaridad de las personas», culminó.
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