Las democracias nacidas o reconstruidas a partir de la segunda mitad del siglo XX son herederas de regímenes autoritarios o totalitarios. En América Latina, la lógica implementada por los gobiernos militares en la transición hacia los nuevos gobiernos democráticos fue la de aplicar leyes de amnistía.
Así, en Chile, el gobierno de Pinochet promulgó en 1978 el decreto 2191 que concedía una amnistía para delitos cometidos entre 1973 y 1978.
Al año siguiente, en Brasil, el gobierno militar de Joao Antonio Figueiredo promulgaba una ley que perdonaba los crímenes políticos, electorales y conexos cometidos desde setiembre de 1962 hasta agosto de 1979.
Argentina continuaba con ese criterio, y la dictadura militar aprobó la ley 22.924 autodenominada “ley de pacificación nacional”, promulgada el 22 de septiembre de 1983 a tan solo un mes de las elecciones generales.
Uruguay hizo lo propio en 1985. Paraguay, por su parte, no precisó promulgar ley alguna para evitar investigaciones al régimen militar de Alfredo Stroessner.
Acercándonos en el tiempo, los intentos para investigar y juzgar a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante gobiernos militares en diversos países de nuestra región, aún hoy, continúan encontrando numerosas dificultades.
En Brasil, en 2011 se creó la Comisión Nacional de la Verdad, la cual publicó su informe recién en 2014.
En Chile, a pesar de diversas declaraciones que propiciaban su derogación y la inaplicabilidad por parte de los jueces chilenos, la ley de amnistía sigue vigente.
En Uruguay, por su lado, la posibilidad de anular la ley de amnistía se sometió a referéndum popular en dos ocasiones (1989 y 2010) pero en ambas, los uruguayos decidieron que las cosas siguieran tal como estaban, lo que llevó a decir al expresidente José “Pepe” Mujica “que de todas las llagas del pasado, ésa es la peor”.
En definitiva, luego de más de 30 años de clausurada la etapa de gobiernos de facto en la región, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay no han logrado avanzar significativamente sobre este tema, aun cuando han impulsado diversas iniciativas.
El caso argentino resultó completamente distinto. Aunque pudo no haber sido asi. En efecto, el principal candidato del Partido Justicialista para aquellas elecciones de 1983, Italo Argentino Luder, no cuestionaba la validez de la ley de autoamnistia promulgada en las postrimerías del gobierno militar de entonces, por lo que, de haber ganado las elecciones, la misma habría mantenido su plena vigencia.
Sin embargo, como es sabido, la voluntad del pueblo argentino optó por la propuesta de la UCR. Raúl Alfonsín resultó electo presidente de los argentinos y a los cinco días de tomar posesión del cargo envió un proyecto de ley para que se derogue la ley de autoamnistía por “inconstitucional e insanablemente nula”, creó la CONADEP con el objetivo de recibir denuncias y pruebas de las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos cometidas durante los años donde se implementó el terrorismo de Estado y comunicó oficialmente al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el decreto de procesamiento contra los integrantes de las tres primeras juntas militares que gobernaron el país desde el 24 de marzo de 1976.
La CONADEP elevó el Informe Final que sirvió de base para que en 1985 se llevara a cabo el histórico Juicio a las juntas militares, en donde los máximos responsables de la dictadura militar argentina resultaron condenados por los múltiples delitos perpetrados durante aquellos trágicos años.
De esa manera, el gobierno democrático del Dr. Alfonsín daba cumplimiento a su promesa de campaña sobre la diferenciación de los tres niveles de responsabilidad y concretaba en los hechos, en sus primeros dos años, lo que varios países de la región no han logrado hasta el día de hoy.
Se trata de un proceso histórico único en el mundo que ha permitido que los argentinos seamos reconocidos internacionalmente por nuestras conquistas en materia de derechos humanos.
De allí que los radicales podemos hablar de memoria, porque fuimos y somos quienes, a través de nuestros representantes, escribimos con mayúsculas los logros democráticos más trascendentes de la historia de nuestro país en esta materia. Y también somos quienes tenemos la altura moral para contar la verdad porque fuimos quienes hicimos justicia cuando algunos decían que no había nada para hacer, en consonancia con la tendencia mundial de entonces.
El Pueblo argentino, y el radicalismo que lo supo interpretar y liderar, dieron entonces una lección al mundo de la cual tenemos que sentirnos orgullosos.
Ahora nos toca, sobre el sólido cimiento de estas conquistas alcanzadas, construir en paz, con verdad, con justicia y con responsabilidad republicana, un nuevo país entre todos los argentinos. En eso estamos.
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