Los procesados empadronados en la provincia de Buenos Aires que se encuentren cumpliendo prisión preventiva en unidades penitenciarias y establecimientos de detención bonaerenses podrían votar en las próximas elecciones en caso de prosperar hoy un proyecto de ley que modifica el artículo 3 de la ley n° 5109, Ley Electoral de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa, que ya cuenta con el despacho de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, fue presentada por el senador bonaerense del FpV/PJ, José Luis Pallares, que responde al intendente de Tigre, Sergio Massa. De aprobarse, será girada al Senado para su posterior sanción, que será, inevitablemente, en el 2013.
El proyecto, que habilita el voto sólo para los procesados y no para los condenados, plantea que “los electores privados de libertad alojados en un distrito o sección distintos a los que les corresponda, podrán votar en el establecimiento donde se hallaren detenidos, y sus votos se adjudicarán al distrito o sección en que estén empadronados”.
A su vez, determina que el escrutinio no podrá realizarse dentro de las unidades penitenciarias o establecimientos de detención bonaerenses, ni designarse como autoridades de mesa a los internos.
Además de “ampliar derechos”, latiguillo utilizado por el kirchnerismo también en el debate por el voto a los 16, en los fundamentos de la iniciativa se detalla que la norma propone “actualizar el texto de la ley electoral provincial en su artículo tercero y octavo, adecuándolo a las previsiones de la ley nacional en cuanto fuere procedente y dejando de lado aquellas causales de privación de voto que hoy resultan anacrónicas, discriminatorias o inconstitucionales”.
Rechazo opositor
Desde los bloques de la UCR, el FAP, Unión Celeste y Blanco (denarvaísmo) y el Pro Peronismo adelantaron su rechazo a la iniciativa. En un dictamen de minoría los bloques no oficialistas anticiparon que no acompañarán la reforma, al considerar que “los pactos votados por la nación no comprometen en materia electoral a la autonomía federal de nuestras provincias” y aduciendo que es injustificado “mover un andamiaje jurídico con consecuencias económicas tan grandes cuando se encuentran insatisfechos”, por ejemplo, “derechos de niños, comedores escolares y hay faltante de insumos hospitalarios?.
