Luego de que días atrás un jurado popular condenara a cuatro policías por la Masacre de Monte, en la que cuatro chicos murieron después de una persecución policial. El siguiente turno será para 19 efectivos bonaerenses que serán juzgados por el presunto encubrimiento del caso. Todavía no se fijó la fecha para el comienzo de ese debate, que tendrá lugar en un tribunal oral de La Plata.
En esa causa los efectivos Marcelo Idarreta, José Domínguez, Melina Bianco, José Durán, Maia Valiente, Cristian Alberto Righero, Juan Manuel Gutiérrez, Nadia Genaro y el subcomisario Julio Franco Micucci están imputados de «falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público»
De hecho, el subcomisario Micucci fue mencionado en reiteradas ocasiones durante el juicio por jurados en el que fueron considerados culpables el excapitán Rubén García y los oficiales Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez.
También vinculados a la causa por encubrimiento están los policías Florencia Stankevicius, Mario Mistretta, Evelin Yael Van Monleghey, Camila Galarza, Marisol Rizzo, Sergio Servia y Héctor Enrique Ángel, quienes enfrentan cargos por “encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público”.
En tanto, los agentes Julieta Aguilera Rearte, Nelson Rodríguez y Raúl Mauregui serán juzgados por «violación de los deberes de funcionario público».
Además, se encontraba imputado el por entonces secretario de Seguridad de San Miguel del Monte, Claudio Martínez, por “encubrimiento agravado y violación de los deberes del funcionario público”, pero falleció el 10 de mayo de 2022, luego de haber sido atacado por un perro de raza Rottweiler en el domicilio en el que cumplía su arresto domiciliario.
Por otra parte, la intendenta de la localidad bonaerense al momento del hecho, Sandra Mayol, también fue investigada por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, la Fiscalía General de La Plata ordenó el archivo de la causa en su contra, lo que fue recurrido por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en representación del particular damnificado y en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
Fuente: https://infogei.com/