La jueza Maria Servini decidió “declarar rebelde” a Fabián Rodríguez Simón y ordenó su captura nacional e internacional a fines de tomarle declaración indagatoria. Así lo anunció luego de que el principal operador judicial del presidente Mauricio Macri anunciara que pedía asilo político en Uruguay.
A su vez, la jueza dispuso la inhibición general de todos los bienes de «Pepín» y el congelamiento de sus cuentas bancarias. También se dispuso el levantamiento del secreto bancario y que el Director General de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación “arbitre los medios necesarios para notificar las medidas cautelares aquí dispuestas a todos los registros asentados en el territorio nacional e identifique los bienes que posea Rodríguez Simón”.
En el marco de la resolución judicial, se instó al Presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce, a que “arbitre los medios necesarios para que con carácter muy urgente libre una circular ‘d’ a todas las entidades financieras del territorio nacional”.
Por otro lado, Servini informó al Ministerio de Seguridad de la Nación para que por su intermedio se notifique a las fuerzas de seguridad el pedido de captura y oficiar al Jefe del Departamento de INTERPOL de la Policía Federal Argentina. De esta manera, se resolvió librar exhorto internacional en los términos de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal a efectos de solicitarle a las autoridades uruguayas que, «de manera muy urgente, se proceda a la localización de Fabián Jorge Rodríguez Simón y se prohíba su salida de ese país”.
«Pepín» está siendo investigado en el marco de una causa que inició por una denuncia que presentó el empresario Fabián De Sousa cuando aún estaba detenido. Allí De Sousa acusó al ex presidente Mauricio Macri de encabezar una asociación ilícita, en la que habría actuado Rodríguez Simón, que decidió desapoderarlo de sus bienes y, ante su resistencia, actuó en connivencia con la justicia para meterlo preso.
“Rodríguez Simón recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual reitero fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021?, sostuvo la jueza en su resolución. “Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público –aún no determinada fehacientemente – no puede ser entendida como suficiente para estos fines. Entonces, su planteo es absolutamente improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación, en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política’”.
Esta resolución también fue comunicada al ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá para que notifique a las autoridades del Parlamento del Mercosur, dado que el operador judicial es diputado del Parlasur.
Fuente: Diagonales