El fiscal federal Federico Delgado requirió hoy que el diputado nacional y ex ministro kirchnerista de Planificación, Julio De Vido, sea citado a declaración indagatoria por presuntos sobreprecios en contratos con la constructora brasileña Odebrecht.
Fuentes judiciales informaron que el funcionario del Ministerio Público incluyó en el requerimiento que presentó al juez federal Daniel Rafecas a otros 14 imputados, entre ellos, el ex secretario de Energía Daniel Cameron, y el ex titular del ENARGAS, Fulvio Madaro.
En la causa que investiga el proyecto Ampliación Gas 2006-2008, de construcción de los gasoductos Norte y Sur, el fiscal los imputó por «defraudación contra la administración» y «negociaciones incompatibles con la función pública» y adelantó que «casi seguro» también hubo «cohecho» (coimas).
La lista de llamados a indagatoria se completa con el ex vicepresidente de CAMMESA Luis Beuret, ex subgerente de CAMMESA Julio Bragulat, ex subsecretario de Combustibles Christian Folgar, ex gerente de Nación Fideicomisos SA Néstor Ulloa, ex subgerente de Nación Fideicomisos SA Marcelo Quevedo Carrillo, Roberto Phillipps, Marcelo Brichetto.
También Daniel Ridelener, de Transportadora de Gas del Norte SA; Pablo Ferrero, de Transportadora de Gas del Sur SA, Armando Roberto Loson, de Rafael Albanesi SA, Flavio Bento de Faría y Marico Faria Silva, apoderados de Odebrecht SA.
«El Ministerio de Planificación se valió de la figura de los fideicomisos, lo que garantizó fiscalizaciones limitadas y permitió realizar licitaciones arregladas cuyos rasgos principales fueron la participación de pocas empresas y los sobreprecios», sostuvo el funcionario judicial.
Delgado subrayó que al analizar el expediente «hay certezas» de que se pagaron coimas «pero aún no hay pruebas» y consideró que «los posibles sobornos incentivaron la elección de empresas, el ingreso de nuevos actores y los costos mayores sin justificación».
«Todas esas características generaron que el Estado nacional terminará pagando valores mucho más elevados por las obras que en lo que en rigor de verdad valían», enfatizó y puntualizó que «el Estado nacional fue engañado por un grupo de funcionarios y de empresarios privados».
Delgado hizo hincapié en que «los empresarios junto a los funcionarios públicos y los responsables de administrar los fondos del Estado al momento de los hechos investigados, engañaron al Estado nacional en la contratación, para sacar un beneficio económico a cambio».
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