Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, admitieron los reclamos civiles de los familiares de dos familiares de muertos y de dos heridos por el atentado, pese a que sus demandas fueron presentadas después del plazo ordinario establecido para el reclamo judicial.
La medida alcanza a los pedidos de indemnización de Elena Schreiber, una comerciante que sufrió lesiones y destrozos en su local; de Ariel Toer, por la muerte de su madre y su hermana; de Rolando Villaverde y Dolly Berón de Estrada por la muerte de su hijo Norberto, y de indemnización de Humberto Chiesa, herido cuando estaba en su taller gráfico frente al lugar del siniestro.
Según el Máximo Tribunal, ha “renunciado tácitamente a la prescripción el 4 de marzo de 2005, al suscribir un acta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la petición presentada por diversos organismos no gubernamentales a raíz de ese atentado».
Por ello se “generó la obligación del Estado de indemnizar a quienes hubieran sufrido daños como consecuencia del atentado”, explicaron los informantes al recordar que los reclamos se efectuaron entre 2005 y 2007; más de una década después del cruento ataque a la sede de la calle Pasteur 633, de esta Ciudad.
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