El gobernador, Daniel Scioli, firmó ayer el decreto que instruye al ministro de Seguridad, Alejandro Granados, a crear una Superintendencia de Seguridad Local, luego del fracaso del tratamiento del proyecto de ley que proponía crear policías locales en distritos de más de 70 mil habitantes.
En rigor, se tratará de implementar la “desconcentración” y “descentralización” operativa de la Policía Bonaerense, creando un cuerpo de efectivos de proximidad destinados exclusivamente a la prevención de los hechos de inseguridad, que estarán afectados a los distritos que adhieran al sistema.
La medida firmada ayer apela al artículo 7 de la Ley 13.482, de Unificación de las Policías de la Provincia, que habilita al Ministro de Seguridad a “crear nuevas unidades policiales y determinar el ámbito de competencia territorial de cada una de ellas”.
Si bien el texto terminado de la resolución ministerial se conocerá entre hoy y mañana, sí está claro que lo que se creará será “un área dentro del ámbito del ministerio de Seguridad bonaerense”, algo muy diferente a lo que proponía el proyecto original de Granados: una fuerza independiente de la Bonaerense, a cargo de los intendentes.
No obstante, las consideraciones a priori sobre la resolución sugieren que los jefes comunales tendrán injerencia operativa en la fuerza. Sería, en la práctica, similar a las policías comunales creadas en 2004 para distritos del interior, que cuentan con efectivos de la Bonaerense y los recursos de la Provincia pero que son, en materia operativa, comandadas por los intendentes.
La ley provincial que creó esas policías para municipios del interior establece que cada jefe comunal diseñará las políticas preventivas y las acciones estratégicas de la policía, que impartirá al jefe de ese cuerpo, a través de un funcionario que podrá designar. En la práctica, algunos relacionan la manera de operar que tendrá con el funcionamiento del Comando de Patrullas Comunitario (CPC), recientemente impulsados.
Es que esta nueva dependencia sólo realizará tareas de prevención en un territorio asignado y con órdenes que se consensuarían entre el intendente y el jefe policial, a cargo del Superintendente que debería nombrarse como autoridad.
Más allá del nivel de injerencia que tengan los intendentes sobre la actuación de la fuerza, algo sí es seguro: el financiamiento -pago de salarios y equipamiento- y la formación estarán a cargo de la Provincia.
La Gobernación estima como posibles integrantes a una parte de los 10 mil aspirantes que se encuentran ahora preparándose en las escuelas descentralizadas y se graduarán este verano, al término del Operativo Sol. Aunque no se descarta que no se realice una nueva convocatoria de aspirantes para esta área.
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