El fiscal federal Federico Delgado impulsó una investigación contra el titular de la ANSES, Diego Bossio, el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y el de Finanzas, Adrián Cosentino, por «el posible desvío de fondos», por presuntos pagos irregulares a la petrolera venezolana PDVSA y el uso de recursos del organismo previsional realizados antes de la publicación oficial de las normas correspondientes.
El fiscal dio curso a una denuncia de las dirigentes de Coalición Cívica Elisa Carrió y Fernanda Reyes «por el posible desvío de dinero perteneciente a la ANSES a través de cuatro resoluciones dictadas en forma conjunta, las cuales habrían sido publicadas después de ocho meses en el Boletín Oficial».
Se trata, en síntesis, de la suscripción de Letras del Tesoro por 835 millones de pesos tomados del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino, y de 1.400 millones de dólares de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y Energía Argentina (ENARSA) «con el objeto de cancelar las obligaciones con PDVSA».
Esos 1.400 millones de dólares están discriminados en 1.378.357.753 a favor de CAMMESA y 21.642.247 para ENARSA.
CAMMESA es el organismo más beneficiado con los subsidios otorgados por el Estado nacional y su gerenta de Finanzas, Paula Español, secunda a Daniel Filmus como precandidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires del Frente para la Victoria.
La letra suscripta por el FGS fue validada por la resolución conjunta 341 de Hacienda y 84 de Finanzas, fechada el 28 de noviembre de 2012, en tanto la correspondiente a CAMMESA y ENARSA fue habilitada por la resolución conjunta 290 de Hacienda y 75 de Finanzas, del 18 de octubre del mismo año.
Sin embargo, ambas resoluciones conjuntas fueron publicadas en el Boletín Oficial el 28 de junio de 2013, es decir 7 y 8 meses después de los días en que están fechadas.
Precisamente, en la requisitoria del fiscal se advirtió que «la denuncia pone foco en estas últimas dos resoluciones, debido a que la norma que habilita la creación de esa deuda pública data del día 18 de octubre de 2012 y su emisión del 18 de enero de 2012, pero recién fue publicada el 28 de junio de 2013».
Carrió y Reyes imputaron a los funcionarios que «sin ley que lo habilite, sin parámetros que expliquen las condiciones, montos, plazos, intereses, etcétera, se habrían emitido Letras nueve meses antes que la norma lo establezca, vulnerando así el imperativo legal de publicidad en los actos de gobierno o bien que tal vez se trate de una operatoria que está ocultando un delito mayor que debe ser investigado».
En ese contexto, Delgado entendió que podría existir «una posible hipótesis delictiva», por lo que requirió «formalmente la instrucción de la presente causa» y reclamó que «se obtengan los expedientes administrativos de las resoluciones».
Además, planteó que la Auditoria General de la Nación «designe un grupo de expertos que brinden su opinión técnica sobre el procedimiento que denuncian» las diputadas opositoras.
De acuerdo con la reseña institucional del Boletín Oficial, la publicación de una norma «es un paso necesario y obligatorio para que la misma pueda entrar en vigencia».
Si bien es habitual que las normas se publiquen algunos días después de la fecha de su sanción, en el caso de las dos resoluciones conjuntas, además de la demora excesiva, las fechas de sanción y de publicación corresponden a años diferentes y, en consecuencia, a distintos ejercicios fiscales.
http://www.eldia.com.ar/edis/20130730/Impulsan-investigacion-contra-Bossio-desvio-fondos-20130730115122.htm
Impulsan investigación contra Bossio por «desvío de fondos»
