El fiscal del crimen de La Plata Marcelo Romero citó a declarar a dos funcionarios de la dirección general de Cultura y Educación bonaerense, en el marco de la causa que investiga presuntos delitos cometidos con la asignación de horas extras, viáticos y contratos de personal.
En tal sentido, voceros judiciales precisaron que el doctor Romero también le envió tres oficios la directora general de Cultura y Educación, Nora De Lucía, para que la funcionaria informe sobre los procedimientos vigentes para otorgar viáticos, horas extras y la concreción de contratos temporarios.
Romero decidió intervenir de oficio a partir de los dichos de la propia De Lucía. La funcionaria, que reemplazó en la cartera educativa a Silvina Gvirtz, afirmó que se estaban pagando horas extras a “un detenido” y “a un muerto”.
En cuanto a la asignación de horas extras, el fiscal pidió informes sobre las normas para su otorgamiento, condiciones que deben sustentar los beneficiarios, cantidad máxima autorizada, criterios y parámetros, y las autoridades legitimadas para el otorgamiento y control de las mismas, explicaron las fuentes consultadas.
También señalaron que el fiscal quiere saber qué partida presupuestaria se destina a las horas extras, los montos por cada una, porcentajes con respecto al salario y la nómina de agentes que perciben o las percibieron, y si a raíz de los hechos denunciados por la titular de Educación se ordenó una auditoría, se envíe a la Justicia copia certificada.
Un pedido similar, con la nómina de los beneficiarios, hizo el fiscal sobre los contratos temporales de personal en Educación y sobre viáticos.
En ambos casos también se requirió a los funcionarios encargados que informen sobre las partidas presupuestarias, y las copias de los actos administrativos.
También se pidió que si por la denuncia en marcha se dispuso una auditoría, se remita a la fiscalía una copia.
LOS DOS PRIMEROS TESTIGOS
Las fuentes consultadas señalaron que el doctor Romero citó como testigos del caso, para el 30 de este mes, a las 8, en las fiscalías de 7 entre 56 y 57, al auditor general de Educación , y para el día siguiente, a la misma hora, al director de Contabilidad y Finanzas de esa cartera.
La intervención judicial surgió luego de que la funcionaria denunciara “graves irregularidades” en el marco del proceso de “depuración administrativa y control del gasto” que se anunció al iniciar su gestión, calificado como un “ajuste” desde los gremios.
Tiene también, como contexto, la prolongada toma de la sede de la cartera que llevaron a cabo empleados administrativos en rechazo a un recorte generalizado de las horas extras que dispuso De Lucía, así como los paros realizados por los docentes esta semana.
En ese marco, la titular de Educación aseguró que se detectaron casos en los que “se pagaban horas extras a un muerto y a un preso”.
Por ello el fiscal Romero decidió abrir una investigación de oficio para analizar esas presuntas maniobras de fraude con el objetivo, además, de detectar quiénes se habrían vistos beneficiados con ese reparto.
Como se viene informando, De Lucía denunció públicamente que existían “graves irregularidades” en el manejo de horas extras, que cobran muertos, personas encarceladas o que se facturaban por prestar servicios, por caso, los sábados y domingos, cuando Cultura y Educación está cerrada.
Y atribuyó esas presuntas irregularidades a gestiones anteriores. La funcionaria reemplazó a Gvirtz que estuvo a cargo del ministerio por ocho meses quien sucedió, a su vez, al diputado Mario Oporto.
http://www.eldia.com.ar
